La Ley de Identidad y Expresión de Género e Igualdad Social y no Discriminación de la Comunidad de Madrid se aprobó en la Asamblea madrileña el pasado 17 de marzo con los votos a favor de todos los partidos excepto el PP, que decidió abstenerse. El 26 de abril ha sido publicada en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, y a partir del día de hoy se encuentra vigente, reconociendo por fin a las personas trans de Madrid unos derechos que siempre les habían correspondido y que se les han venido negando de manera continuada.

Si hay algo que es necesario destacar, es que la Ley de Identidad de Género de Madrid no reconoce a las personas trans ningún derecho o beneficio más que los que ya se encuentran disponibles y reconocidos para el resto de la población.

Esta nueva norma presenta desde la redacción de su preámbulo una clara influencia de la Ley trans de Andalucía, aunque su redacción es mucho más clara y directa, dejando un margen mínimo a la interpretación, especialmente en lo que respecta a las interpretaciones restrictivas de los derechos de las personas trans.

Encontramos la primera novedad al comenzar a leer esta ley, ya que en su artículo 1 introduce de manera oficial, y por primera vez en la legislación española, la palabra trans como término paraguas para agrupar a toda aquella persona que se identifica con un género diferente o que expresa su identidad de género de manera diferente al género que le asignaron al nacer. Se trata de una declaración de intenciones que nos indica que esta ley está fuera del debate sobre si una mayor o menor “autenticidad” del género debe conllevar un mayor o menor respeto a los derechos individuales, y que, además, no permitirá que el acceso de las personas trans a los derechos que protege esta norma esté custodiado por los cancerberos de la medicina, ni que el diagnóstico médico de transexualidad sea la llave que abra la entrada al reconocimiento de la identidad. Esta ley, además, se aplicará en cualquier etapa de la vida de las personas, incluyendo la minoría de edad, y la tercera edad, dos momentos en que las personas son especialmente vulnerables.

La Ley de Identidad de Género de Madrid tiene como objetivo garantizar los siguientes derechos:

– Al reconocimiento de la identidad de género libremente manifestada y al libre desarrollo de la personalidad acorde a dicha identidad, incluyendo ser tratado de conformidad a la identidad de género y acceder a documentación acorde con dicha identidad.

– Al respeto de la integridad física y psíquica así como sus decisiones en relación a sus características sexuales y su vivencia de la identidad o expresión de género, garantizando el derecho a recibir una atención integral y adecuada a sus necesidades médicas, psicológicas, jurídicas, sociales, laborales, etc… en igualdad de trato con el resto de la ciudadanía.

– A proteger la libertad de las personas trans, y eliminar la discriminación especialmente en el empleo, educación, cultura y deporte, sanidad, prestaciones y servicios sociales, y el acceso a los bienes y servicios a disposición del público (por ejemplo, alojamiento en hoteles, entrada en locales públicos…), incluida la vivienda.

Reconocimiento de la identidad de género y libre desarrollo de la personalidad.

 

En este aspecto, el artículo 4 reconoce, en primer lugar, el derecho de toda persona a construir para sí misma una autodefinición con respecto a su cuerpo, su género y su orientación sexual,sin que en ningún caso se pueda exigir a las personas a acreditar su identidad de género mediante certificados o diagnósticos médicos o psicológicos, ni mucho menos, que se someta a tratamientos médicos de ninguna clase. Como novedad en la legislación española, se prohíben por primera vez las cirugías genitales a personas intersex que no hayan sido solicitadas por la propia persona que las va a recibir, o que no sean completamente imprescindibles para asegurar la funcionalidad biológica por motivos de salud.

Se prohíbe también el acoso y la discriminación de las personas trans, haciendo una amplia descripción de lo que se considera acoso (una medida muy acertada, teniendo en cuenta que las personas trans estamos acostumbradas a que la mayoría de las formas de discriminación y acoso que sufrimos no se consideren como tales, sino un derecho de las personas cis a humillarnos porque es muy divertido, y porque si no queríamos que nos humillasen, más nos habría valido conformarnos con ser como se esperaba que fuésemos). Además, se establece la obligación de tratar a las personas trans de acuerdo con la identidad de género que manifiestan en sociedad,independientemente de la identidad legal que tengan.

Para facilitar esto, la Comunidad de Madrid expedirá para las personas trans una documentación que acredite su identidad. Al igual que está ocurriendo en Andalucía, esta documentación no es un “DNI trans”, ni una tarjeta especial, sino que se trata, simplemente, de que en la documentación habitual expedida por la Comunidad, ayuntamientos, etc, aparecerá el nombre elegido por cada persona, en lugar del nombre que aparece en el DNI, en caso de que dichos nombres sean distintos. Esto se reflejará, por ejemplo, en las tarjetas sanitarias, carnets de estudiante, carnets de la biblioteca, abonos de transporte público en caso de que tengan el nombre, etc. Por supuesto, no se requerirá ningún tipo de certificación médica a la hora de solicitar de solicitar dicha documentación. Bastará con solicitarla en los lugares adecuados a tal fin (los cauces para realizar dicha solicitud deberán establecerse en cada caso).

Los menores de edad trans también tienen todos los derechos que se reconoce a los adultos, incluyendo el derecho a recibir asistencia sanitaria adecuada a sus necesidades, a que se les escuche a la hora de tomar decisiones sobre su salud. Estos derechos se ejercerán a través de sus padres o tutores, aunque en el caso de que los padres o tutores nieguen los derechos de sus hijos trans, intervendrán los servicios sociales de la Comunidad de Madrid para asegurar que los niños también puedan desarrollar su personalidad en libertad.

Atención sanitaria de las personas trans.

Tras reconocer el derecho de las personas trans a la salud (algo que debería ser obvio, pero que, por desgracia, continúa siendo necesario señalar), la Ley de Identidad de Género estable que el sistema sanitario público de la Comunidad de Madrid atenderá a las personas trans conforme a los principios de consentimiento informado, libre autodeterminación de género, de no discriminación, de asistencia integral, de calidad, especializada, de proximidad y de no segregación. Además, no se podrá exigir a ninguna persona a que se someta a un examen psicológico antes de acceder a los tratamientos sanitarios especializados. Como novedad, y a diferencia de la “Ley Trans” de Andalucía, la Ley de Identidad de Género de Madrid ha conseguido, por fin, resistirse a la necesidad que parece tener la mayoría de las personas cis de hacer referencia a los protocolos asistenciales (siempre nombrados, y, sin embargo, completamente inexistentes, excepto en algunas comunidades autónomas, como Canarias). Así pues, serán las personas trans usuarias del sistema sanitario de Madrid, y no los piscólogos, médicos o políticos quienes decidan qué tratamientos necesitan, cuando y en qué orden.

Además, mientras que la Ley trans de Andalucía, establece claramente que tan sólo los mayores de edad podrán acceder a las cirugías de reconstrucción genital, la ley de Madrid no hace referencia a tal cosa. En cambio, en Madrid se enumeran los tratamientos a los que podrán acceder los menores trans. De nuevo queda superada la Ley trans de Andalucía del PSOE e IU, que se remite difusamente a las recomendaciones médicas internacionales en materia de transexualidad, quedando muy por debajo de las expectativas de algunas asociaciones participantes en el proceso, como Autonomía Trans, aunque fuese ampliamente celebrada por ATA, Fundación Triángulo y AMPGYL-Andalucía.

Cabría preguntarse si el hecho de que se establezca una relación de tratamientos específicos para menores de edad significa que habrán de esperar a ser mayores de edad para acceder al resto de los tratamientos. Sin embargo esta pregunta queda respondida si recordamos que al principio se establece que la ley de Identidad de Género de Madrid se aplicará en todas las etapas de la vida. De este modo, la única interpretación posible es que los menores de edad, además de tener derecho a los tratamientos establecidos para los adultos (art. 13), podrán acceder a otros tratamientos específicos para menores de edad, que no se pueden aplicar ya en los adultos. Estos tratamientos incluyen bloqueadores de la pubertad, así como tratamiento hormonal cruzado en el momento adecuado, ya que la aplicación de bloqueadores de la pubertad durante años resulta muy dura para los adolescentes que la reciben, que quedan estancados en la infancia (¡Por un tiempo indeterminado para ellos!) mientras que sus amigos y compañeros comienzan a entrar en la pubertad.

Los tratamientos se proporcionarán bajo la autorización de los padres o tutores, pero en caso de que estos se nieguen a autorizar un tratamiento solicitado por sus hijos menores de edad, se podrá recurrir ante la autoridad judicial. Además, se establece que los menores de edad deberán ser oídos en atención a su desarrollo y madurez, siempre si supera los 12 años de edad y su consentimiento deberá ser recabado de manera clara e inequívoca si supera los 16 años de edad. De esta manera de dota a los niños y adolescentes de autonomía en la toma de decisiones sobre su propio cuerpo.

¿Qué significa ésto para ti? La primera consecuencia es que ya puedes ir diciendo adiós a la UTIG. A partir del día 27 de abril ya no es necesario que pases por la consulta del Dr. Becerra, y, ni mucho menos, que veas a María Jesús. Lo segundo es que puedes empezar a hormonarte desde el día 1, sin tener que esperar a que un psicólogo te de un informe y decida si puedes o no. Por si acaso estás leyendo esto y te entran ganas de decir que el diagnóstico es necesario y bla, bla, bla, me adelanto y te digo que sí tú quieres tener un diagnóstico, todavía tendrás la oportunidad de recibirlo, y seguramente incluso podrás ir a los mismo psicólogos que hay en la UTIG, si es que te gustan, pero las personas que estén totalmente seguras de qué tratamiento médico necesitan, no tendrán por qué hacerlo. Si crees que cualquier persona, por el mero hecho de ser trans es automáticamente sospechosa de tener un desequilibrio mental y debería ser examinada por un psicólogo antes de permitirle tomar una decisión importante, entonces estás leyendo el blog equivocado.

No obstante, si eres un fan de los profesionales de la UTIG de Madrid (ya sabes que yo no lo soy), o simplemente te gusta que te maltraten, la ley trans de Madrid, al igual que la de Andalucía, garantiza que continuará existiendo la UIG para proporcionar las cirugías que no puedan proporcionarse en otros centros, y como centro de derivación voluntaria para aquellas personas que lo deseen. Es una desgracia que en la Comunidad de Madrid tampoco hayan logrado librarse de semejante lacra. Si las cosas se desarrollan como se están desarrollando en Andalucía, es de prever que una parte de la población trans continuará siendo derivada a la UIG de La Paz, especialmente aquellas personas que tengan la desgracia de que, por proximidad, les corresponda dicho centro sanitario (al igual que ocurre con las personas Trans de Andalucía que tienen la desgracia de vivir en Málaga y son enviadas directamente a la UIG, sin posibilidad de elección de otro endocrinológo). Mientras tanto, otras irán voluntariamente por pura inercia, y aunque la UIG está sometida a la Ley y debe realizar su práctica médica con los mismos principios que el resto de profesionales, seguramente continuarán estableciendo un estándar de mala calidad en la atención sanitaria, y serán fuente de reclamaciones y de lamentos de personas trans diciendo “¡La ley de identidad de género de Madrid no funciona!”

La ley establece que podrás acceder a las cirugías que tú consideres precisas, de nuevo sin control psicológico previo, sin necesidad de que el Dr. Becerra te autorice, o que el Dr. Casado te considere suficientemente atractiva como para sentarte en su mesa de operaciones, y con la posibilidad de elegir facultativo, igual que hace el resto de la población. Habrá que ver si esto se cumple, o la misma inercia que continúa llevando a las personas trans a la UIG de Málaga también hará que las personas trans de Madrid sigan acudiendo a los mismos lugares que hasta ahora, sigan sufriendo los mismos problemas que tenían antes de que existiese la ley, y continúen sin tener cauces adecuados para reclamar y recibir una protección adecuada de sus derechos.

Quizá para evitar que esto ocurra es por lo que la ley de Identidad de Género de Madrid ha previsto la posibilidad de elaborar guías de recomendaciones dirigidas a personas trans. Si dichas guías se elaborasen bien, y con la colaboración de las asociaciones y activistas trans, podrían llegar a ser una herramienta muy útil para ayudar a romper la dinámica que existe ahora, y también para educar a los profesionales médicos.

Para los niños, significa la posibilidad de empezar un tratamiento sin que sus padres tengan que ir a juicio, sin evaluación psicológica previa, y con posibilidad de tomar decisiones y manifestar su opinión en lo que se refiere a los tratamientos que afectan a su salud.

Además, se garantiza el acceso de las personas trans y sus parejas a las técnicas de reproducción asistida, con la posibilidad de congelar tejido gonadal y células reproductivas para su futura reproducción, si así lo desean.

Otras medidas sociales.

La Ley de identidad de Género de Madrid viene acompañada por un ámplio paquete de medidas sociales. Desde el aseguramiento de los servicios de orientación legal y apoyo LGTB que viene prestando la administración madrileña, a una serie de medidas para garantizar la inclusión de las personas trans en el ámbito educativo (a todos los niveles, hasta llegar a la universidad), en el ámbito laboral, en el ámbito social, familiar, etc.

Es muy interesante la previsión de una serie de medidas de protección para niños y jóvenes que sufran violencia y acoso transfóbico en el ámbito del hogar, así como las previsiones para los casos en que en una persona se den diversos factores de discriminación, haciéndola aún más vulnerable (según su edad, diversidad funcional, origen étnico, nacionalidad o raza, etc…).

Otra novedad de esta ley respecto a la Ley Trans de Andalucía ha sido la inclusión de un apartado de infracciones y sanciones, en el que se describen cuales son los comportamientos sancionables, cómo se sancionarán, y cual es el procedimiento para ello. Este apartado no debería ser necesario, ya que existe una normativa general sobre sanciones que es totalmente aplicable a los casos de discriminación por razón de identidad de género. Sin embargo, la Ley Trans de Andalucía viene siendo sistemáticamente incumplida en muchos aspectos (especialmente en lo que se refiere a la escolarización de las personas trans) sin que haya ninguna consecuencia en absoluto, porque atentar contra los derechos de las personas trans, al parecer, no es lo mismo que atentar contra los derechos de las personas cis y no merece ser sancionado. La Ley anti discriminación LGTB de Cataluñatampoco está siendo muy eficaz a la hora de prevenir la discriminación transfóbica, y, de nuevo, la ausencia de sanciones es notoria, incluso en casos sangrantes como el de Alan, el chico que se suicidó por ser víctima de acoso escolar transfóbico, ante la pasividad de los docentes del centro. Así pues, parece que no queda más remedio que introducir un capítulo de sanciones, que esperemos servirán para hacer que la Ley se cumpla, o que quienes la incumplan al menos deban responder por ello.

Conclusiones

La Ley 2/2016, de 29 de marzo, de Identidad y Expresión de Género e Igualdad Social y no Discriminación de la Comunidad de Madrid es una Ley que recoge el espíritu original de la Ley Trans de Andalucía, con varias ventajas sobre esta.

La primera ventaja es que la redacción es mucho más clara, inclusiva, y menos abierta a la interpretación. Si bien es verdad que ciertas partes del texto se repiten de manera constante (como la obligación de las administraciones a tratar a las personas trans según su sexo elegido, independientemente de cual sea su sexo legal), no me parece que sea un punto negativo, sino al contrario, ya que permitirá que las propias personas trans puedan esgrimir la ley para su propia defensa de la manera más sencilla y efectiva: llevando consigo una copia de la ley, con los párrafos subrayados. Algo que es mucho más fácil si tienes toda la información que necesitas en dos o tres páginas contiguas, que si tienes que conectar el artículo X, con el Y y el Z, como ocurre en la Ley Trans de Andalucía. También ayuda a que no quepa duda a la hora de la interpretación de la ley, en caso de que se haga necesario acudir a los tribunales.

Esta Ley de Identidad de Género de Madrid, hecha en un momento político muy distinto de la Ley de Andalucía, justo cuando las nuevas formaciones políticas empiezan a alzarse y a entrar en el poder, ha tenido la virtud de poner en contacto a los legisladores con los y las activistas trans, de manera que es más una ley de las personas trans y menos una ley de los partidos políticos. Gracias a eso, esta Ley se ha permitido hablar con claridad sobre temas tabú como la transexualidad en la infancia, o la libre autodeterminación de la identidad de género.

También ha sido decisiva la maduración de las organizaciones de familias de niños y jóvenes trans, como Chrysallis o Fundación Daniela, que durante la negociación de la Ley Trans de Andalucía se encontraba en fase incipiente. Estas asociaciones aportan la participación de valiosos activistas que, además, han llegado con más medios que los activistas trans adultos. Los padres y madres de niños trans parten de la posición privilegiada de que ellos mismos no son trans, por tanto su opinión no está cubierta por el velo de la sospecha de que podrían ser enfermos mentales, y no han tenido que luchar toda su vida contra la transfobia, lo que les ha permitido tener más oportunidades educativas, laborales, estabilidad social y familiar… en definitiva, les convierte en adultos que están en una posición mejor que las personas trans para luchar por los derechos trans, y al mismo tiempo, pueden luchar y hablar prácticamente en primera persona, pues los derechos de sus hijos se materializan a través de los actos de los padres, son la voz de sus hijos y actúan en su representación.

Además, la ley madrileña llega dos años después que la de Andalucía. Ha dado tiempo de ver lo que está funcionando en Andalucía (poco, pero algunas cosas hay), y lo que no. Con mucho acierto, ha recogido las principales críticas a la Ley Trans de Andalucía, como la falta de referencias a las personas intersex, la ausencia de sanciones que refuercen el cumplimiento de la norma, poca claridad en la protección de los derechos de los menores de edad, y falta de atención a la problemática propia de otros colectivos como la tercera edad, personas con diversidad funcional, personas de diversos orígenes, etc…

Cabe destacar también que, mientras que en Andalucía el principal caballo de batalla fue el PSOE, que claramente no quería una ley que reconociese la igualdad de los derechos de las personas trans con respecto a las personas cis, en la Ley de Madrid el PSOE se ha puesto a disposición de las asociaciones para llevar a la Asamblea sus reivinidicaciones. Se ve claro una vez más lo que siempre hemos sabido: el PSOE está mucho, muchísimo mejor, en la oposición.

En mi opinión, tan sólo cabe criticar el establecimiento de una UIG de derivación voluntaria que se encargue de las cirugías y de la formación al resto de profesionales. Si bien la desaparición de la UIG tal y como la conocemos ahora es una medida controvertida, e indeseada por muchas personas trans, lo cierto es que la experiencia en Andalucía ha dejado mucho que desear. La UIG de derivación voluntaria sigue siendo el centro al que la gente acude por defecto. La existencia de este recurso hace que la propia administración, así como muchos facultativos con más transfobia que interés por atender a las personas trans (aquí la palabra transfobia es totalmente acertada, puesto que muchos médicos sienten auténtico pánico a atendernos, como si fuésemos a explotar entre sus manos si no nos manipulan bien) se haya relajado en el trabajo de descentralizar y formar a todos los profesionales en general. Además, elegir como referencia a un centro que tiene una larga historia de mal servicio, con muchas reclamaciones y, en el caso de Madrid, incluso alguna que otra demanda judicial por parte de sus pacientes, no parece que sea una buena idea.

Seguramente existe alguna opción intermedia, como crear una UIG central que NO atendiese pacientes y estuviese dedicada únicamente a la formación de profesionales y a la investigación. Mientras tanto, aquellos profesionales que ya tienen experiencia recibirían la misión de comenzar a dar formación a sus colegas, y los pacientes trans se incorporarían incialmente a sus consultas, junto con el resto de los pacientes no trans, y fuera de los muros de una “Unidad”, que no tiene razón de existir una vez que los tratamientos que se ofrecen a las personas trans no se presentan como un proceso global, sino como servicios independientes (que, eso sí, suelen ser solicitados por la misma persona en determinadas circunstancias). Habrá que ver cómo se desarrollan las cosas en Madrid, especialmente de cara al próximo paso, que será una ley nacional de Identidad de Género.

Mi otra crítica a la Ley de Identidad de Género de la Comunidad de Madrid es pequeña, pero creo que no se debe perder de vista. En la lectura del preámbulo (que no en el resto del texto) he notado una cierta tendencia a utilizar las palabras identidad de género como sinónimo de transexualidad. Es una tendencia que se está viendo cada vez más, y posiblemente viene del concepto dediscriminación por razón de identidad de género (un concepto que, aunque en ocasiones es útil, también es muy discutible y que yo preferiría evitar para utilizar en su lugar el de discriminación por razón de sexo o de canon corporal). Es necesario establecer que toda persona tiene identidad de género, independientemente de si se es cis o trans. Lo que ocurre es que las personas cis, cuya identidad de género coincide con la que se les asignó al nacer, muchas veces no son conscientes de tener una identidad de género, pero la tienen. Así pues, expresiones que aparecen en el preámbulo como el proceso de reconocimiento de la identidad de género en la sociedad occidental está lejos de concluir, son totalmente equivocadas, ya que la identidad de género de las personas cis sí que se reconoce plenamente. La que no se reconoce es la identidad de género de las personas trans, pero eso no significa ni que sólo las personas trans tengamos identidad de género, ni que solo se reconozcan las identidades de género trans.

Ahora, después de aprobada la ley, y una vez que ha entrado en vigor, queda la parte más difícil, conseguir que se cumpla, y empezar a prepararse para ir a por una ley estatal que sea todavía mejor.

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