Según publica el Diario Sur, la Junta de Andalucía no retira el concierto al colegio San Patricio, pero lo apercibe. Afirma que, de persistir su postura del uso obligatorio de uniforme, “podrán iniciarse los trámites” de la retirada del convenio educativo.

De esta manera se cierra un episodio de discriminación y acoso en el ámbito escolar, por parte del profesorado y los padres del resto de los alumnos, sobre una alumna trans. Y es que, cuando hablamos de acoso escolar sobre las personas trans, generalmente los acosadores no son los y las compañeras de la víctima, sino los profesores y maestros que deberían velar por su educación.

Todo empezó cuando Pilar, la madre de esta niña, decidió matricularla en el Colegio San Patricio, el mismo al que había asistido ella en su infancia. En aquella época ella ignoraba que en realidad no era madre de un niño, sino de una niña trans. Fue necesario un largo camino de información y aceptación por su parte, hasta que logró asumir que esa era la realidad, y que lo único que conseguiría tratando de negar la identidad de su criatura sería provocarle un sufrimiento profundo.

Sin embargo, cuando comenzó a realizar las acciones necesarias para conseguir que su hija tuviese las condiciones necesarias para el libre desarrollo de su personalidad, tal y como es su obligación, no sólo moral, sino también legal (no olvidemos que los niños y las niñas tienen especialmente reconocido el derecho a que se respete su identidad y la identidad de género forma parte indiscutible de la personalidad) se encontró con que los profesores del colegio no estaban dispuestos a llamarla como a una niña, que se visitiera como una niña, e incluso “que se comporte como una niña”.

Esto, que ya sería suficientemente malo si dicho colegio hubiese sido un colegio privado, sin financiación alguna por parte de la Junta de Andalucía (pues el hecho de que una institución sea privada no implica que puedan prescindir de cumplir con los mandatos que establecen las leyes con carácter general, especialmente en cuestiones tan fundamentales como el derecho al libre desarrollo de la personalidad, y la no discriminación por razón de sexo, o por cualquier otro motivo), es todavía peor si se tiene en cuenta que se trata de un colegio concertado, es decir, financiado por completo con dinero de todos los contribuyentes, incluyendo lxs contribuyentes trans, y nuestras familias.

Al ser un colegio concertado, se entiende que el colegio San Patricio debería someterse a la legislación andaluza en materia de educación. En la Comunidad Autónoma Andaluza, están vigentes diversas disposiciones normativas de todos los niveles que desarrollan estos derechos reconocidos por la Constitución. El artículo artículo 21 del Estatuto de Andalucía garantiza el derecho constitucional de todos a una educación permanente y de carácter compensatorio, señalando que todos tienen derecho a acceder en condiciones de igualdad a los centros educativos sostenidos con fondos públicos. Las personas con necesidades educativas especiales tendrán derecho a su efectiva integración en el sistema educativo general de acuerdo con lo que dispongan las leyes.

Reconoce el artículo 7.2. de la Ley de Educación Andaluza, entre los derechos del alumnado, elrespeto a su libertad de conciencia y a sus convicciones religiosas y morales, así como a su identidad, intimidad, integridad y dignidad personales. También se les reconoce la protección contra toda agresión física o moral. Estos derechos son reafirmados en el Reglamento Orgánico de Institutos de Educación Secundaria de Andalucía. Además, uno de los principios que orientan el currículo escolar en Andalucía es atender a las necesidades educativas especiales, propiciando adaptaciones curriculares específicas para este alumnado (artículo 37 LEA).

La autonomía pedagógica, de organización y de gestión que se reconoce a los centros educativos no puede ir nunca en contra de los derechos de los alumnos, ni puede justificar la omisión de las adaptaciones necesarias para la atención a la diversidad del alumnado, sino que, por el contrario, va enfocada a otorgar libertad a los centros para que puedan alcanzar el objetivo de la mayor calidad educativa y la mayor consecución de los objetivos educativos por parte del alumnado.

Sin embargo, en el caso del colegio San Patricio, que finalmente la alumna tuvo que abandonar, el incumplimiento de todas estas normas ha quedado reducido a un simple tirón de orejas, y una revisión sobre si los uniformes son o no son obligatorios, como si la niña se hubiese negado a vestir el uniforme (ella quería llevar el mismo uniforme que las demás chicas de su clase), y como si la identidad fuese cosa de ponerse una ropa u otra ¿De qué serviría a esta chiquilla vestirse como las demás, mientras los profesores la siguieran tratando en masculino?

La resolución de esta cuestión no ha sido una sorpresa para la familia. “La asociación de padres ha enviado una circular diciendo que todo está solucionado”, decía Pilar hace unos días, cuando la Junta de Andalucía anunció que tomaría una decisión en el día de hoy. Al mismo tiempo, la secretaria de Educación de la Junta de Andalucía, en una comparecencia ante la prensa tiraba balones fuera, diciendo que todavía no se había celebrado la revisión de los conciertos, tratando de invisibilizar que esta denegación del acceso a la educación en el centro elegido se produce precisa y únicamente por el hecho de que estamos hablando de una niña transexual, que, según ella, es una niña “con problemas de identidad de género”.

Es la nota dominante de todo este caso, señalar que es la niña (y su familia) quienes tienen “un problema”. Resulta siempre mucho más fácil acusar al que es diferente de ser problemático, que asumir que el problema lo tienen ellos y ellas. Por parte de las personas del colegio, un problema de transfobia, de creerse con el derecho de poder determinar cual debe ser la identidad de su alumnado, a partir de una exploración de lo que tienen entre las piernas (dicho sea de paso, a los curas se les da muy bien eso de explorar lo que las niñas y los niños tienen entre las piernas, sin la menor preocupación). Por parte de la Junta de Andalucía, un problema de identidad de autoridad. Parece que nadie les ha dicho que en esta época las normas las hacen ellos (que para eso son nuestros representantes electos, votados también por las personas trans), y la Iglesia (a quien nadie ha dado su voto para que participe de los poderes del Estado) las debe de respetar, al igual que los demás. Hoy, igual que a principios del S. XVII, están completamente vigentes las palabras que Miguel de Cervantes puso en boca de Don Quijote de La Mancha: “con la Iglesia hemos topado“.

Por suerte, la sociedad está cambiando, y son muchas las muestras de apoyo y simpatía que han recibido Pilar y su hija. La Comparsa del Futuro le dedicó un pasodoble, y tanto la niña afectada como uno de sus hermanos se han matriculado en un nuevo colegio donde les han recibido con los brazos abiertos. Mientras tanto, el abogado Oliver Roales está dispuesto a apoyar a esta familia y llevar el caso hasta donde sea necesario.

“¿Qué váis a hacer ahora?”, le he preguntado a Pilar cuando me ha comunicado la noticia. “Seguir batallando”, ha dicho ella.

Foto: Pilar y yo en las jornadas de La Casa Invisible. Realizada por K. Sánchez para la.trans.tienda. Publicada bajo licencia Creative Commons 3.0 – Atribución – No comercial – No uso derivado.

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